Y después, ¿qué?
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por Manuel Carbajal
Entre las personas que reflexionan sobre el presente y las vicisitudes del gobierno de CFK, hay consenso, no absoluto pero generalizado, de que es extremadamente difícil que concluya su mandato en forma, digamos, ortodoxa. Los medios masivos no lo dicen en forma explícita por razones obvias. Aún es prematuro asegurar que los argentinos veremos “La presidente escapa en helicóptero. Parte 2” (aunque en realidad sería parte 3, pues sería el 3º mandatario que debe huir en ese medio de transporte, pero la segunda “presidenta” que lo hace. Perón se fue al exilio en un PBY Catalina de la Fuerza Aérea Paraguaya, así que no cuenta), pero sí es bastante seguro que no veremos un traspaso de bastón presidencial en un ambiente ordenado y “democrático”. Lo más probable es que el mandato de CFK termine mal y en forma prematura.
Ahora bien, después de que caiga CFK y comience el desfile de funcionarios de 2da y 3ra categoría por tribunales (los peces gordos ya están tomando medidas para no ser enjuiciados por tribunales más independientes en el futuro, sometiéndose a tribunales adictos ahora, logrando el beneficio constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo delito), cabe preguntarse ¿quién vendrá? ¿quién ocupará el gobierno? y si bien es una pregunta importante, creo que más relevante aún es interrogarse sobre lo que harán con el Estado y las leyes de nuestro país.
Ya podemos imaginar con precisión casi milimétrica a los sucesores despotricando por todos los medios sobre la corrupción, ignorancia, perversidad, irresponsabilidad, etc., etc., de CFK, el finado y el ejército de parásitos que nos gobiernan. Como antecedentes más recientes de esta práctica están “la pesada herencia” utilizada por el gobierno de la Alianza y más reciente aún “la nefasta década neoliberal de los ‘90” utilizada por los K y que curiosamente se refieren ambos al mismo gobierno.
Pero esos son detalles intrascendentes frente a la gigantesca tarea con la que se encontrará el próximo gobierno, a saber, la desarticulación del andamiaje estatal y de la consecuente invasión del Estado corrupto sobre la propiedad privada. Para ello es imprescindible hacer cumplir con la Constitución y el cuerpo legal administrativo, civil, comercial y penal y todo ello mientras se reactiva la economía y se reinserta a la Argentina entre los países serios y con los que se pueden hacer negocios.
Sin embargo, esto parece, a la luz de nuestra historia, imposible. Desde la década del ‘30 el Estado argentino ha hecho solo una cosa y eso es crecer, crecer y crecer. En forma desordenada, improvisada, ilegal, legal, con apoyo de la mayoría de los partidos, a espaldas del pueblo, con apoyo del pueblo, de cualquier forma, pero siempre ha crecido. Y cuando el Estado crece lo hace invariablemente a costa de la propiedad e iniciativa privada; ésa es la única forma que tiene de hacerlo, pues el Estado no crea nada, ni inventa nada ni estimula nada, sólo consume lo que Ud. y yo, y el resto de las personas produce. Ni más ni menos. Y nunca ha retrocedido ni un centímetro en sus prerrogativas. De otra forma, ¿cómo se explica que aún tengan vigencia decretos, leyes y resoluciones que tuvieron su origen en los denostados gobiernos de facto? ¿O que el gobierno actual aplique las normas dictadas en la “segunda década infame”? Sencillamente porque son normas que atribuyen mayores poderes al Estado y, por lo tanto, útiles para sus fines, generalmente perversos.
Los responsables de este crecimiento imparable son, en primer lugar, los políticos de toda clase e ideología y, en segundo lugar, nosotros mismos, los ciudadanos. Veamos.
Debido a que la Argentina cuenta casi exclusivamente con políticos profesionales que nunca han tenido un día de trabajo productivo en sus vidas (empiezan “militando” en sus facultades nacionales, gratuitas todas, continúan en algún puestito de la administración nacional, si son de Capital Federal, o en la municipalidad de su pueblito, si son de las provincias, y continúan hasta su primera lista sábana como ediles, luego diputados, ya en condiciones de acceder a algún ejecutivo y eventualmente senadores, ministros y cada tanto, ¿por qué no? presidente, pero en todos esos años de “carrera” no producen nada, sólo consumen y viven como millonarios), restringir al Estado va en contra de sus intereses más caros, equivaldría a un suicidio colectivo de clase (parasitaria) y harán lo imposible no sólo para mantener sino incrementar las prerrogativas estatales, ergo, las propias.
Cada una de las atrocidades cometidas por los K serán mantenidas, salvo aquellas que sean demasiado alevosas e impopulares, pero quedarán en cartera para ser reinstaladas oportunamente. El mejor ejemplo de esto último, el corralito y el cepo cambiario. En el 2001 el corralito gatilló el slogan “que se vayan todos” y en el 2011, en forma paulatina pero constante, lo aplicaron nuevamente. Calcularon que, como en realidad no se fue nadie, podrían volver a aplicar esa estafa masiva sin mayores consecuencias.
Como garantía de que el mecanismo descrito se cumpla a rajatabla, está el sistema político mismo, la así llamada “democracia”, que asegura que sólo los individuos más peligrosos (los más cínicos, corruptos, mendaces y temerarios) lleguen a los puestos más altos.
En segundo lugar, estamos nosotros, los ciudadanos, o más bien, los habitantes de la Argentina (ser ciudadano implica muchos derechos y responsabilidades que no tenemos ni cumplimos desde hace décadas), como responsables del descontrol del Estado.
En ocasión de la expropiación de YPF, centenares de personas en los medios de comunicación se opusieron a la acción del gobierno. Criticaron ásperamente las formas y a los protagonistas del putsch kirchnerista, pero todos y cada uno de los que opinaron se cuidaron especialmente de aclarar que, en realidad, estaba muy bien que YPF fuera estatizada, porque es un recurso estratégico de todos los argentinos. Lo único que les molestaba era la forma externa y la prepotencia con que se realizó la expropiación. La mayoría de la gente común, el público, el pueblo está en perfecta sintonía con esa falacia y la repite hasta el hartazgo, sin detenerse a pensar e informarse sobre el significado ni los motivos de semejante atropello. El hecho de que la venta al grupo Repsol fuera también una enormidad, un récord entre los actos de corrupción de este gobierno, no quita que el Estado haya robado propiedad privada, violando todos los códigos comerciales, civiles y administrativos del mundo civilizado. El núcleo del problema es que a la gente no le interesó la violación de los derechos de propiedad porque se trataba de una empresa gigantesca, sin detenerse a pensar que si el Estado nacional y el gobierno de CFK le pueden hacer eso a una corporación, ¿qué no le puede hacer a un individuo?
Y esta particularidad argentina tiene largos antecedentes, siendo muchos los casos salientes de nuestra total falta de comprensión de los límites del Estado y el alcance de nuestros derechos. Comprando eslóganes falaces, los argentinos apoyamos la estatización de todas las empresas públicas para luego tener ocasión de lamentarnos amargamente.
Creo que los mejores ejemplos de las aberraciones que apoyamos son la estatización de los ferrocarriles y de la aerolínea de bandera. Si bien las líneas férreas privadas se encontraban en decadencia, su adquisición por el Estado nacional (1946-47-48) aseguró que aquélla se perpetuara hasta llegar a la completa destrucción en la que se encuentra en la actualidad. Con respecto a AA, lamento tener que decir que sólo estamos a la espera de algún accidente fatal para demostrar de la forma más dramática posible la absoluta incapacidad del Estado y más de este gobierno de administrarla.
En resumen, CFK caerá ignominiosamente, quedan pocas dudas de ello. Pero los que la sucederán pertenecen a la misma clase social, políticos profesionales, cuyo único y principal interés es el propio.
Nosotros, los argentinos que venimos siendo espectadores de nuestra propia decadencia, nos encontramos ahora en un punto que puede ser el primer paso en el largo proceso de renovación de la política. La marcha espontánea del 13/9 confirió a la clase media y a aquellos que pretenden acceder a la misma, conciencia de su habilidad para manifestarse fuera del canal obligatorio y completamente inútil de las votaciones pautadas. Es muy probable que haya sido la primera manifestación pública en la Argentina con carácter masivo que no haya sido organizada por alguna fuerza política y eso es, para los argentinos de a pie, invaluable. Y para los políticos fue un llamado de atención grave, pues es el claro indicador de que sus clientes están hartos de ellos.
Pero, si los actuales fracasos del gobierno, cuyas consecuencias pagaremos por varias décadas, no nos sirven para que como Nación nos interroguemos sobre la clase de país y Estado que queremos, las marchas (13S y 8N) serán una anécdota y nada más.
Como saludo, otro gigante, George Orwell (traducción mía):
“El lenguaje político -y con diversas variaciones lo siguiente es cierto para todos los partidos, desde los conservadores a los anarquistas- está diseñado para que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y darle la apariencia de solidez al aire.” (Politics and the English Language, 1946).
“Un Estado totalitario es, en la práctica, una teocracia, y la casta gobernante para mantener su posición debe ser presentada como infalible. Pero como en la realidad nadie es infalible, es con frecuencia necesario reordenar los eventos pasados para que parezca que este o aquel error no sucedió, o que este o aquel triunfo imaginario sucedió en efecto. Por lo tanto, cada cambio importante en la política que se implemente demanda un cambio de doctrina correspondiente y una reevaluación de las figuras históricas más prominentes.” (The Prevention of Literature, 1946).